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Categoría: Delincuencia Organizada
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Algunos países son renuentes a hacer cumplir leyes contra el soborno


Por Chris Connell
Corresponsal especial

Washington - Políticos corruptos, tengan cuidado: El brazo largo de la ley tiene un gran alcance en estos tiempos, a través de océanos, fronteras y jurisdicciones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) ha aumentado la presión a países que alguna vez ofrecieron refugio para botines ganados de mala forma, con el objetivo de que eliminen el secreto bancario y cooperen en la recuperación de esos activos.

Adrian Fozzard, director de la Iniciativa para la recuperación de activos robados (StAR) creada por el Banco Mundial y las Naciones Unidas en 2007, dijo que el problema de los activos robados es una preocupación tanto de países ricos como de países pobres.

"La corrupción cruza fronteras. No puede tratarse con sólo apuntar el dedo al mundo en desarrollo", expresó Fozzard. Aquellas personas que pagan sobornos por concesiones y contratos con frecuencia provienen de países ricos, y "las ganancias de la corrupción frecuentemente acaban en sus centros financieros", explicó. El equipo de Fozzard ofrece su pericia a quienes deseen detener la corrupción, pero la iniciativa también sirve como un estímulo a los países para que desarrollen y hagan cumplir leyes firmes contra la corrupción.

Otros grupos y programas internacionales ayudan a países víctimas de líderes corruptos a preparar solicitudes de ayuda jurídica a países en donde esos líderes hayan escondido su botín.

Los organismos que luchan contra la delincuencia, tales como el FBI, Scotland Yard e Interpol, no son los únicos tras la pista de líderes que saquearon tesoros nacionales. Abogados privados lo hacen también. Enrico Monfrini, un abogado suizo, se hizo renombre como una persona que lucha contra la corrupción al ayudar a los gobiernos de Nigeria y Haití a recuperar activos robados y malversados por sus líderes anteriores. James Maton, un abogado mercantil que litigia en Londres, ayudó a Nigeria a recuperar 120 millones de dólares de los miles de millones que el líder Sani Abacha robó durante sus cinco años como dictador y escondió en cuentas bancarias en el Reino Unido.

Maton, un socio con la firma Edwards Angell Palmer & Dodge LLP, dijo que "se ha presentado una ruptura de la división entre el proceso penal y el proceso civil". Las demandas civiles para recuperar activos en algunas ocasiones siguen adelante cuando la investigación delictiva se detiene, señaló Maton. En el caso de Abacha, "recibimos una gran ayuda de los organismos que hacen cumplir la ley que llevaron a cabo la investigación", agregó.

En Estados Unidos, los departamentos y agencias que conforman el gabinete colaboran para combatir el soborno y la cleptocracia. Varían desde fiscales en el Departamento de Justicia y abogados especializados en asuntos internacionales en el Departamento de Estado, hasta detectives de fraudes financieros en el FBI, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Seguridad Nacional. El FBI cuenta con un grupo completo dedicado a investigar infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una ley promulgada en 1977 que convierte en delito el sobornar a un funcionario extranjero para asegurar un acuerdo comercial.

"Es un esfuerzo enorme y colectivo", dijo la agente especial del FBI, Debra LaPrevotte. "A través de FinCEN (red para el cumplimiento de la Ley sobre Delitos Financieros del Departamento de Hacienda) es posible descubrir que un político extranjero corrupto tiene cuentas bancarias en Suiza, y entonces contar con la capacidad de colaborar con las autoridades suizas para rastrear el dinero hacia esas cuentas e intentar confiscarlas".

Cuando Siemens AG, el gigante alemán de la ingeniería, admitió sus pagos rutinarios de sobornos para ganar contratos en todo el mundo, LaPrevotte encontró registros bancarios que mostraban 1,2 millones de dólares que fueron enviados al hijo del ex primer ministro de Bangladesh, que los escondió en una cuenta en Singapur listada bajo las iniciales de su hijo. La cuenta fue congelada, y los esfuerzos de recuperación se están llevando a cabo.

En 2007, Kazajistán acordó asignar unos 84 millones de dólares recuperados (con la ayuda de Estados Unidos y Suiza) de sobornos pagados a funcionarios deshonestos de ese país por contratos de petróleo y gas, a una nueva fundación para ayudar a niños de escasos recursos.

LaPrevotte indicó: "Nuestro objetivo es siempre el de retornar el dinero ganado de mala manera al país afectado, de forma tal que beneficie lo más posible al pueblo de ese país y nunca regrese al bolsillo de otra persona".

PROCEDENCIA DE LOS SOBORNOS

La corriente internacional en contra de la corrupción comenzó a girar en 1997, cuando la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) adoptó su convención en contra del soborno.

La promulgación y aplicación de leyes nacionales contra el soborno han tomado impulso desde entonces, pero aún existe "poca o ninguna aplicación" en la mitad de los países signatarios de la convención de la OCDE, que incluyen al Reino Unido, Canadá y Japón, de acuerdo con Transparencia Internacional, un grupo independiente dedicado a vigilar la corrupción. "La escala y alcance del soborno en la actividad empresarial son asombrosos", indica su Informe sobre Corrupción Mundial 2009.

Thomas Burrows, director adjunto en la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia que se enfoca en la delincuencia internacional, dijo que "la cifra de casos que manejamos está creciendo rápidamente debido a la globalización de la delincuencia. Es mucho más posible que la delincuencia sea transnacional".

Combatir la corrupción no sólo requiere de una fuerte aplicación penal y leyes de incautación civil, sino también de estrictas normas éticas y de divulgación para funcionarios públicos, explicó Burrows.

La abrumadora mayoría de países actualmente están de acuerdo en normas sobre las cuales se debe responsabilizar a funcionarios y agencias públicas. Robert Leventhal, director de Programas contra la Corrupción en el Departamento de Estado, dijo que "el desafío actual es el de trabajar con países para que lleven estas normas a la práctica".